A través de una compleja red de términos contractuales que perjudican desde los mensajes de texto hasta los pagos móviles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y más de una docena de estados presentaron una demanda antimonopolio contra Apple este jueves (21), alegando que la empresa ha retenido ilegalmente el dominio del mercado de teléfonos inteligentes.
Este es el último de una serie de procesos antimonopolio enfrentados por las gigantes tecnológicas, a medida que el gobierno de Estados Unidos busca contener el poder de la industria, que ha permanecido prácticamente sin control en las últimas décadas.
El fiscal general Merrick Garland, en una conferencia de prensa, afirmó que la denuncia alega que “Apple ha mantenido el poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes no solo por liderar la competencia en mérito, sino también por violar la ley antimonopolio federal”.
“Los consumidores no deben soportar precios más altos debido a las infracciones legales de las empresas”, agregó.
Después de años de críticas y acusaciones, Apple ahora se enfrenta a un proceso abierto en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Las acusaciones se centran en la afirmación de que la empresa perjudicó la competencia a través de términos restrictivos en su tienda de aplicaciones, tarifas elevadas y un enfoque de “jardín amurallado” para su hardware y software.
Aunque Apple es reconocida por hacer que su tecnología sea fácil de usar, este logro a menudo se logra a través de un control riguroso y, en algunos casos, restricciones sobre cómo las empresas de terceros pueden interactuar con sus productos y servicios. Hay informes de que la empresa otorga mejores accesos y funcionalidades a sus propios productos en comparación con los de sus competidores.
La empresa ha negado vehementemente las acusaciones, declarando que las combatirá vigorosamente. Además, Apple advirtió que el proceso podría sentar un peligroso precedente, permitiendo que el gobierno ejerza un control excesivo sobre el diseño de la tecnología, interfiriendo en la libertad de innovación de las personas.
Garland destacó este jueves que las prácticas de Apple tienen impactos generalizados. “Los monopolios como el de Apple representan una amenaza para los mercados libres y justos que sostienen nuestra economía. Sofocan la innovación, perjudican a los productores y trabajadores y aumentan los costos para los consumidores”, comentó.
“Si no se impugnan, Apple continuará fortaleciendo su monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes. Pero hay una ley para esto”, agregó.
Un ejemplo citado es la diferencia en el tratamiento entre los clientes de iPhone y los usuarios de teléfonos Android. Mientras que Apple permite que los clientes de iPhone envíen fotos y videos de alta calidad entre sí, los medios enviados a teléfonos Android son más lentos y granulados.
Aunque la empresa cedió a fines del año pasado y acordó mejorar el estándar de calidad para la interacción con teléfonos Android a través de mensajes de texto, aún mantiene estos mensajes en burbujas verdes, creando una especie de división de clases, argumentan los críticos.
Apple también otorga a sus propios productos acceso a ciertas partes de su hardware que restringe para otras empresas. Esto resulta en una experiencia casi mágica de interacción entre iPhones y AirTags, mientras que los productos de los competidores están significativamente limitados en sus capacidades.
“Apple crea barreras que hacen extremadamente difícil y costoso para los usuarios y desarrolladores explorar fuera del ecosistema de Apple”, explicó Garland.
La empresa respondió al proceso afirmando que representa una amenaza para su identidad.
Según el Departamento de Justicia, Apple utilizó su control sobre iOS, el sistema operativo del iPhone, para:
- Bloquear el acceso del público a nuevas aplicaciones innovadoras y servicios de streaming en la nube;
- Degradar cómo aparecen los mensajes de Android en los iPhones;
- Restringir la funcionalidad de los relojes inteligentes competidores con los iPhones;
- Perjudicar las soluciones de pago rivales.
En su respuesta, Apple afirmó que el proceso establecería un “precedente peligroso” y perjudicaría su capacidad para hacer que la tecnología sea atractiva y amigable para el consumidor, algo que la empresa afirma ser la base de su éxito como una de las empresas más valiosas del mundo.
“Aquí en Apple, innovamos todos los días para hacer que a la gente le encante la tecnología, diseñando productos que funcionen perfectamente juntos, protejan la privacidad y seguridad de las personas y creen una experiencia mágica para nuestros usuarios”, afirmó la empresa en su comunicado.
“Este proceso amenaza quiénes somos y los principios que diferencian los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos”, agregó la empresa.
“Creemos que este proceso está equivocado en los hechos y en la ley, y nos defenderemos vigorosamente contra él”, destacó Apple en su comunicado.
El proceso iniciado este jueves contra Apple busca tres soluciones específicas que podrían cambiar drásticamente el modelo de negocio de la empresa.
El Departamento de Justicia busca una orden judicial que impida a Apple usar su tienda de aplicaciones para bloquear nuevas aplicaciones innovadoras.
Además, el departamento quiere que el tribunal bloquee las restricciones impuestas por Apple que impiden que otras aplicaciones de mensajería, relojes inteligentes, billeteras digitales y otras tecnologías interactúen con el iPhone.
Finalmente, también pidió al tribunal que impida a Apple utilizar sus términos contractuales para “obtener, mantener, ampliar o consolidar” el presunto monopolio de la empresa.
La queja no pide explícitamente la disolución de Apple, pero tampoco descarta esa posibilidad y solicita “alivio según sea necesario para corregir cualquier daño competitivo”.
Según la denuncia, la lista de estados o distritos participantes en el proceso incluye a Nueva Jersey, Arizona, California, Connecticut, Maine, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva York, Dakota del Norte, Oklahoma, Oregón, Tennessee, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
A pesar de los años de escrutinio y críticas, Apple ha ignorado los procesos que la acusan de prácticas anticompetitivas. Su reputación ejemplar entre los consumidores y su estrategia disciplinada de relaciones públicas y legales reflejan la precisión con la que la empresa fabrica y supervisa sus productos.
Sin embargo, el histórico proceso iniciado por el Departamento de Justicia desafía una amplia gama de prácticas de la empresa.
Este caso representa el último esfuerzo del gobierno de Biden para responsabilizar a las gigantes de la Big Tech bajo las leyes antimonopolio de Estados Unidos.
Apple fue mencionada en un extenso informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2020, que descubrió que la fabricante del iPhone, junto con Meta, Google y Amazon, tenía “poder de monopolio”.
Hasta este jueves, Apple era la única gran empresa tecnológica que el gobierno federal aún no había demandado por presuntas violaciones antimonopolio.
La acción puede tener un impacto significativo en el precio de las acciones de Apple, que actualmente valora la empresa en poco menos de 3 billones de dólares, y puede resultar en cambios en las políticas, estrategias comerciales, productos y aplicaciones de la gigante tecnológica.
Incluso la desinversión de algunos activos no está fuera de discusión para Apple. Las acciones de la empresa cayeron un 3% este jueves, reflejando la expectativa en torno al proceso, que era muy esperado.
Junto con dos casos antimonopolio en curso contra Google, el proceso del Departamento de Justicia contra Apple probablemente se convertirá en un símbolo del compromiso del gobierno de Biden con la competencia y la reducción de precios.
Además, será una prueba para determinar hasta qué punto los tribunales están dispuestos a aplicar las leyes antimonopolio existentes a la economía digital moderna.
El caso de Apple puede ser uno de los procesos más observados dirigidos por Jonathan Kanter, la principal autoridad antimonopolio del Departamento de Justicia de Biden.
Kanter, quien en la iniciativa privada ya representó a rivales de Google, incluyendo a Microsoft y Yelp, es visto como parte de una nueva generación de reguladores.
Junto con su colega de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, Kanter argumentó que Estados Unidos permitió durante décadas una ola de consolidación empresarial y prácticas anticompetitivas que, en última instancia, perjudicaron al público a través de precios más altos, menos opciones o una reducción en la innovación.
Este año, las regulaciones europeas obligaron a Apple a dar a otras empresas acceso al chip de hardware tap-to-pay del iPhone, lo que permitió la creación de billeteras digitales competidoras. Sin embargo, estas reglas solo se aplican en la Unión Europea.
Apple aún mantiene una comisión del 30% sobre la mayoría de las ventas a través de su tienda de aplicaciones, una queja frecuente de las empresas que intentan vender suscripciones, argumentando que la tarifa significativa de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes las obliga a pagar lo que consideran una comisión innecesariamente alta.
